La Habana (PL) La aprobación de una reforma laboral, bautizada como ley de la esclavitud, prendió la mecha de las protestas en Hungría, donde miles de ciudadanos tomaron las calles para expresar su rechazo a la política de austeridad del Gobierno.
«Hace un mes esto era algo impensable», consideró el politólogo húngaro András Biró-Nagy, en alusión a la oleada de manifestaciones que ocurren en su país, desde que el Ejecutivo de Viktor Orbán dio luz verde a la polémica normativa.
El derechista partido Fidesz, que tiene dos tercios de los escaños en el parlamento, aprobó la legislación el 12 de diciembre, pese a los intentos de la oposición de bloquear la votación.
Aunque el Gobierno asegura que será beneficiosa para los obreros -con el argumento de que a más trabajo, más salario-, los sindicatos solo ven en ella un mecanismo de explotación.
La nueva legislación permite a todas las empresas elevar de 250 a 400 las horas extras anuales por empleado y da un plazo de hasta tres años para abonar el pago de ese trabajo adicional.
En teoría las horas extras son voluntarias, pero en la práctica esto podría significar en algunos casos que las personas se vean forzadas a trabajar seis días por semana.
Líderes sindicales denuncian que la intención del Gobierno con su proyecto es aumentar las ganancias de las empresas explotando a los obreros.
También alegan que este amplía el poder del empresario sobre el trabajador, especialmente en el caso de las multinacionales, dado que la norma permite al empleador firmar contratos individuales a espaldas de los sindicatos.
Hungría cuenta con una tasa de desempleo del 4,2 por ciento, con una aguda falta de mano de obra en algunas regiones, causada por la emigración de miles de nacionales y la restrictiva política del Gobierno contra inmigrantes y refugiados.
«Basta de hacer trabajar a la gente hasta la muerte», exclamó el presidente de la Confederación Sindical de Hungría, Laszló Kordás, quien anunció las exigencias de los sindicatos y adelantó que, si estas no se cumplen, organizarán una huelga general.
El ultimátum exige una nueva norma laboral, el aumento de los salarios (entre los más bajos en Europa) y una reforma del sistema de jubilación.
Esta indignación consiguió unir a los diferentes partidos de oposición, centrales obreras, estudiantes y organizaciones sociales, reprimidos en las calles por la policía.
«Se trata del descontento de la sociedad, hemos tenido suficiente, jóvenes y viejos, siento que algo se está uniendo, y no había sucedido en los últimos ocho años», comentó Felix Weisz, uno de los miles de manifestantes.
Por su parte, el mandatario húngaro descartó retirar las modificaciones a la ley laboral, al alegar que esta debe «ser probada primero en la práctica».
«La oposición solo está interesada en la pelea política del momento», justificó Orbán, quien criticó a los protestantes y los calificó de violentos.
MÁS ALLÁ DE LA REFORMA LABORAL
Las exigencias de quienes convirtieron las calles de Budapest en una auténtica marea de gente van más allá de eliminar la denominada ley de la esclavitud.
Los descontentos también abogan por la independencia del sistema judicial tras la aprobación de una ley que prevé la creación de tribunales administrativos supervisados por el Ministerio de Justicia.
Aunque el titular de la cartera, Laszló Trócsányi, dijo que respetará la independencia judicial, en su mano estará elegir a los nuevos jueces y determinar el presupuesto destinado a unos tribunales administrativos en los que, asegura, debe pesar una «mayor responsabilidad política».
Entre las demandas de los protestantes también figuran la adhesión de Hungría a la Fiscalía europea, mayor libertad de expresión y hasta la renuncia del primer ministro.
Desde su llegada al poder en 2010, el líder y fundador de Fidesz ha llevado a cabo políticas antiinmigrantes y xenófobas, además, recibió las críticas de la Unión Europea por tratar de socavar la separación de poderes con una serie de iniciativas legales.
Según una encuesta realizada por el instituto independiente Publicus, una amplia mayoría de ciudadanos desaprueba la situación actual en Hungría.
En noviembre, el 53 por ciento de los encuestados decía que «las cosas van mal» en la nación, mientras un mes después ese porcentaje subió hasta un insólito 64 por ciento.
Al cierre de 2018 el país registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4,6 por ciento, la deuda pública bajó del 74 al 71 por ciento y el consumo familiar aumentó seis por ciento, conforme a datos oficiales.
Pese a esas cifras saludables, 32 por ciento de los húngaros viven en la pobreza, según un informe de la Oficina Europea de Estadística, de finales de 2017. De acuerdo con sus datos más recientes, Hungría apareció por debajo de la media europea en estándares de vida.
En ese contexto Bálazs Bárany, del Partido Socialista Húngaro, manifestó su esperanza en que esta movilización ciudadana influya en los resultados electorales municipales, previstos para este año.
Mientras, los manifestantes apuestan por mantener encendida la mecha contra Orbán, con protestas, huelgas y bloqueos de vías en este 2019, al que denominaron año de la resistencia.